jueves, 20 de julio de 2017

Oferta empleo público Castilla La Mancha Educación y Sanidad

El Gobierno de Castilla- La Mancha convocará una oferta de empleo público de unas 8.500 plazas en Educación y Sanidad en los próximos dos años

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha asistido este en Madrid, al Comité de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, ha señalado que la no eliminación de esta tasa suponía un problema para garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad. 

De esta forma, "las comunidades autónomas podremos llevar a cabo ofertas públicas de empleo más importantes desde el punto de vista numérico". Respecto a otra de las peticiones lideradas por Castilla-La Mancha, como es el problema de la despoblación, Martínez Guijarro ha reconocido ciertos avances como la creación del Comisionado para los Retos Demográficos, pero ha vuelto a reclamar al Gobierno de España un tratamiento fiscal "especial" en aquellas zonas con problemas de despoblamiento y la incorporación de este criterio en el estudio que está realizando el Ministerio de Hacienda. EMPLEO Por otro lado, Martínez Guijarro ha mostrado la disconformidad del Ejecutivo regional con los avances producidos en materia de empleo, así como con el modelo de Garantía Juvenil desarrollado por el Ministerio de Empleo. Y es que, a juicio del vicepresidente, hace difícil la ejecución de los fondos, por lo que reclaman un procedimiento "mucho más ágil que permita el anticipo de los fondos y la ejecución más fácil por parte de las comunidades autónomas". No en vano, uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la alta tasa de desempleo juvenil y, por tanto, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha insistido en que "no tiene sentido que teniendo fondos asignados por la Unión Europea tengamos dificultades de poder ejecutarlos". Respecto a la financiación autonómica, el vicepresidente regional ha pedido que tras el verano pueda estar los primeros informes por parte de los grupos de trabajo y, de esta forma, tener documentación para que comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda puedan avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación.

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